- Algunas de las demandantes fueron expulsadas de la institución de educación superior, la mayoría luego de realizar movilizaciones feministas gatilladas por acusaciones de acoso sexual contra un docente.
- A través de esta demanda se espera reconocer el daño causado por la universidad, que despojó a las estudiantes de sus carreras universitarias.
El 2019 estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Diego Portales acusaron a un profesor ayudante de acoso sexual. Estos hechos desencadenaron una serie de movilizaciones al interior del plantel, llevadas a cabo por alumnas; luego de esto se abrió un proceso interno que terminó con una sanción leve, tomando en cuenta los hechos. Esto causó más movilizaciones a nivel universitario que terminaron con la sanción y separación del plantel de 3 de las 4 demandantes.
Las jóvenes, al ser parte de la federación y de la Secretaría de Sexualidad y Género, eran algunos de los rostros visibles de las manifestaciones, razones por las que habrían sido individualizadas, sumariadas, pasadas a Tribunales de Honor y, finalmente expulsadas en marzo del 2020. Las consecuencias fueron catastróficas para las jóvenes, quienes fueron señaladas, marginadas y castigadas por atreverse a hablar. Como líderes estudiantiles, fueron marcadas por el sistema, condenadas al ostracismo y afectadas emocional, familiar y económicamente.
De acuerdo a Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres y representante de las ex alumnas señaló que “el proceso vulneró las garantías fundamentales de las estudiantes, tal como lo señaló la Corte Suprema respecto de una de las demandantes quien, en su momento, presentó un recurso de protección, sobre el que se sostuvo que el actuar de la universidad vulneró una garantía constitucional al sancionarla por una conducta que no fue acreditada, y que sólo castigó a un grupo pequeño de, al menos, 600 estudiantes que participaron de las movilizaciones. Esto demostró que, finalmente, ella fue separada del plantel sólo por ser el rostro visible de una movilización mucho más grande”.
Acoso
Una de las exalumnas que finalmente abandonó el plantel es, precisamente, una de las víctimas del profesor ayudante acusado de acoso sexual, que afectó gravemente su salud y tranquilidad mental. De acuerdo a los antecedentes, siendo estudiante recibió mensajes a través de redes sociales y, al enterarse que había más alumnas, denunció al docente. Luego de esto se abrió un proceso bastante angustiante para ella y las otras alumnas y sus familias, que terminó en una sanción que no se condice con los hechos. Esto la llevó, finalmente, a irse del plantel por el proceso que fue mal llevado por las autoridades y que le afectó emocionalmente. En tanto, otra de las exalumnas, también acosada por el profesor ayudante, sufrió un cuadro psicológico que le impidió cumplir cabalmente con sus obligaciones académicas, lo que derivó en su expulsión por un sumario en Tribunales de Honor por caer en causal de eliminación académica.
De acuerdo a una de las víctimas, todos estos procesos fueron angustiantes, dolorosos y abusivos, esto porque no se habría realizado una investigación conforme a los estándares del debido proceso durante el sumario, ni tomado en cuenta el daño y estrés causado por el abuso. Las estudiantes, entonces, tuvieron que congelar sus carreras, soportar hostigamientos y denostaciones por parte de docentes, a lo que se sumó la dificultad para entrar a una nueva casa de estudios debido a los antecedentes que quedaron señalados en la UDP.
Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres y representante de las exalumnas, explicó que “ellas ingresaron a la universidad con la esperanza de participar del proyecto educativo de la “Universidad más pública de las privadas” -como recalca su propio rector Carlos Peña- que es el sello UDP, la característica más sobresaliente de esa casa de estudios, ya que imparten sus carreras bajo un alto estándar de calidad y con enfoque en derechos humanos. Pero esto, finalmente, no se condice con el trato que recibieron las estudiantes”.
Con todo, señaló Millán, a través de esta demanda se espera “reparar mediante una indemnización el daño causado por la universidad, la que despojó a las estudiantes de sus carreras universitarias”. La abogada agregó que las situaciones vividas por las ex alumnas fueron llevadas a cabo por distintos trabajadores del plantel, desde el rector, como figura principal, pasando por la Vicerrectoría, la Dirección Jurídica, el Departamento de Género, hasta profesores por lo que “hubo un actuar de los miembros de la comunidad educativa que no salvaguardaron los derechos fundamentales de las estudiantes ante las denuncias y movilizaciones feministas”.