“Con ello cerramos de una manera muy histórica y montando un precedente importante de cómo debería ser por parte de los Tribunales de Familia chilenos el tratamiento a sectores de la población de nuestro país que no se encuentran en una igualdad material respecto de otros sectores de la ciudadanía y, por lo mismo, requieren de capacitación, especialización y entender que la justicia está para esto, para apoyar a las familias, amparar los derechos y no solamente castigar”, comenta la abogada de la representada, Daniela López.