- El caso, que involucra a cinco víctimas y se extendió por varios años, culminó con la expulsión e inhabilidad del profesor para ejercer cargos públicos por cinco años.
- A pesar de los avances en políticas de género, la burocracia del estatuto administrativo sigue siendo un obstáculo para las víctimas, alargando innecesariamente los procesos de justicia.
Después de una larga investigación que comenzó en 2019, Ernesto López Morales, profesor de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile fue destituido luego de que un sumario demostrara que abusó de cinco alumnas de la facultad. Este sería el primer sumario que concluye con la expulsión de un académico en dicha universidad y, además, sería el primer académico expulsado de dicha universidad por este tipo de denuncias.
Este caso ha sido un proceso doloroso por lo largo que ha sido, ya que tomó más de cinco años llegar a la decisión de expulsar al docente e inhabilitarlo de ejercer cargos públicos, mostrando que aún son varios los desafíos que enfrentan las víctimas en la búsqueda de justicia. Con todo, López Morales renunció a la universidad antes de que se ejecutoriara el sumario y comenzó a trabajar en otra universidad pública del sur del país.
AML Defensa de Mujeres tomó la representación de las cinco víctimas en 2019, cuando el sumario ya había comenzado. Inicialmente, una fiscal tomó el caso, pero se inhabilitó debido a su cercanía con la abogada de la contraparte. El caso fue entonces transferido a la Dirección de Género de la universidad, creada tras el movimiento feminista de mayo de 2018.
Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres sostuvo que “como estudio, durante todo el tiempo que duró la investigación del sumario, insistimos en que se terminara con el proceso, sobre todo después de que el renunciara y se fuera a trabajar a otra institución pública, porque era necesario que el fuera finalmente inhabilitado de trabajar en cargos públicos”.
El proceso fue largo y complejo. A lo largo del sumario, AML Defensa de Mujeres presentó pruebas y testimonios clave que demostraron un patrón de abuso de poder por parte del profesor, quien condicionaba el avance académico de las alumnas a relaciones que, aunque en apariencia consensuadas, estaban claramente marcadas por la coerción y el abuso.
A pesar de que hace más de dos años la Dirección de Género propuso la expulsión del profesor y el rector la ratificó, la burocracia institucional retrasó la resolución final. La Contraloría Interna de la Universidad y, posteriormente, la Contraloría General de la República, tomaron más de un año en dar la toma de razón necesaria para ejecutar la sanción. Finalmente, en febrero de este año, la toma de razón fue positiva, y la universidad notificó al profesor el 29 de abril de su expulsión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Este caso pone en evidencia la rigidez del estatuto administrativo, que, a pesar de los avances en políticas de género y la creación de organismos específicos dentro de las universidades, sigue siendo un obstáculo que prolonga innecesariamente los procesos, dejando a las víctimas en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. Aunque el resultado final es una victoria para las víctimas y para quienes defienden la justicia y la equidad, la demora en la resolución ha generado un desgaste emocional significativo en las denunciantes, muchas de las cuales ahora son académicas de la misma facultad y continúan viviendo con el temor y el estigma asociados a sus denuncias.
Es crucial que estos procesos sean divulgados y conocidos por la comunidad para asegurar que el esfuerzo y el coraje de las víctimas no sean en vano, y para impulsar las reformas necesarias que permitan que la justicia sea no solo efectiva, sino también oportuna.